Desconectarse de China le costaría a la UE más de 400.000 millones de euros
Sustituir todos los proveedores chinos de infraestructura tecnológica en la Unión Europea costaría unos 368.000 millones de euros (unos 433.000 millones de dólares) entre 2026 y 2030, según un estudio elaborado por KPMG para la Cámara de Comercio China en la UE (CCCEU). La cifra abarca 18 sectores críticos —telecomunicaciones, energía y fabricación entre ellos— y llega en pleno debate sobre la revisión de la Ley de Ciberseguridad de la UE (CSA2), que podría obligar a retirar equipos de fabricantes como Huawei y ZTE de las redes europeas. Para el consumidor y las empresas en España, el impacto es real aunque menos inmediato que en Alemania.
El peso de la desconexión
Alemania acapara casi la mitad de la factura total: según Global Banking and Finance, Berlín asumiría 170.800 millones de euros, reflejo de que el 59 % de su infraestructura de antenas 5G (RAN) era suministrada por Huawei en 2022. Francia (46.000 millones), Italia (37.000 millones), España, Polonia y Países Bajos superan también los 10.000 millones cada una. Para estos seis países, encontrar alternativas europeas, japonesas o coreanas a tiempo no está garantizado, y cuando las hay, suelen ser más caras.
Hay que leer esta cifra con cautela: la CCCEU es el organismo oficial de defensa de los intereses comerciales chinos en Europa, y KPMG fue contratada para elaborar el informe por encargo. Según The Next Web, analistas señalan que se trata de una estimación en el extremo alto del rango, diseñada para presionar a los legisladores europeos. La Comisión Europea publicará su propia evaluación de impacto previsiblemente en 2026, que será el verdadero termómetro de la situación.
El papel de España
España está entre los seis países más afectados, pero su exposición es distinta a la alemana. Las grandes operadoras y compañías energéticas —Telefónica e Iberdrola son los ejemplos más claros— concentran la mayor parte de la dependencia tecnológica de origen chino, no el consumidor final. En PcComponentes, MediaMarkt o El Corte Inglés, la presencia de hardware de telecomunicaciones chino en el mercado minorista es limitada.
Al mismo tiempo, España atrae inversión industrial china precisamente porque ofrece un entorno menos restrictivo que otros socios europeos. La planta de baterías de CATL en Zaragoza, con una inversión de 4.100 millones de euros, es el ejemplo más visible de esta estrategia: fabricar dentro de la UE permite a las empresas chinas esquivar los aranceles del 35 % sobre vehículos eléctricos de batería, según el Centre for European Reform. Esa dualidad —costes de desconexión por un lado, atracción de inversión china por otro— define la posición española en este debate.
Qué viene ahora
La CSA2 sigue en fase legislativa inicial y no hay un calendario vinculante publicado. Hasta que la Comisión Europea no publique su propia evaluación, el dato de 368.000 millones debe tratarse como una advertencia interesada, no como una proyección neutral. Lo que sí es seguro es que el proceso de reducir la dependencia tecnológica de China será largo, caro y disruptivo para sectores como las telecomunicaciones y la energía, tanto en España como en el resto de Europa.
